Por Pablo Balboa R.
28 de julio de 2009.
Con el pretexto del Programa Estatal de Infraestructura 2008-2010, anunciado por el gobernador Eugenio Hernández Flores, en año de Hidalgo, el poder Legislativo local, autorizó al Ejecutivo endeudar a nuestro estado hasta por 6 mil millones de pesos; aparte los intereses, comisiones, gastos y accesorios, porque nadie presta gratis cantidades millonarias.
28 de julio de 2009.
Con el pretexto del Programa Estatal de Infraestructura 2008-2010, anunciado por el gobernador Eugenio Hernández Flores, en año de Hidalgo, el poder Legislativo local, autorizó al Ejecutivo endeudar a nuestro estado hasta por 6 mil millones de pesos; aparte los intereses, comisiones, gastos y accesorios, porque nadie presta gratis cantidades millonarias.
La complicidad de la oposición y de los diputados priistas en la aprobación de ese crédito multimillonario, agravado por la ausencia de una auténtica Auditoria Superior del Estado, y la ya clásica falta de transparencia, permitieron al gobernador obtener, casi de inmediato, un cheque en blanco que, sin mayores explicaciones, tendrá que pagar el pueblo, nada más por 30 años. ¿Será que en Tamaulipas avanzamos en endeudamientos?
La verdad es que no hubo consulta popular para saber si el pueblo autorizaba dichos créditos; tampoco se sabe quienes serán los acreedores e inversionistas privados de que habla el decreto, y ni siquiera se publica la lista completa de las obras de relumbrón que, se supone, serán financiadas con dinero prestado.
Eso sí, todos los días vemos a Eugenio en los medios de comunicación, en publicaciones pagadas, dando el banderazo de inicio a algunas obras, poniendo la primera piedra, o anunciando obras que aún no se inician. Después lo veremos inaugurando esas mismas obras, aunque aún no funcionen.
Muchas de esas obras son suntuosas, y es posible que se gaste ya dinero prestado en obras que todavía no se pagan. Por ejemplo, la torre de gobierno y el palacio legislativo, serían obras nuevas, aunque no haya un gobierno democrático ni tengamos diputados que defiendan los intereses del pueblo.
El caso es que en Tamaulipas no hay dinero para construir tales obras, pero sí se organizan cabalgatas y otros eventos oficiales en los que se derrocha a manos llenas.
Por si fuera poco, para satisfacer la vanidad de alguien, y para que después del sexenio se diga de él, que hizo algo importante, el estado se endeudará, los malos administradores aplicarán dicho financiamiento, tal vez con costos inflados, como ocurrió con el Centro de Convenciones de Tampico, y finalmente, en los próximos 5 sexenios “nadie sabe, supo”.
Todo esto es una burla más al sufrido pueblo tamaulipeco, que se viene a sumar a los fraudes del pasado reciente, cometidos por Manuel Cavazos Lerma, nada más por mil millones de pesos para la carretera “derrumbe nuevo”, y los 650 millones que se llevó Tomás Yárrington, al solicitar un crédito a solo tres meses de culminar su mandato, abusos que nunca fueron sancionados.
Esto viene a demostrar la moral con que se han manejado los gobernantes priistas, porque, a sabiendas de que están cometiendo un delito patrimonial contra los tamaulipecos, se escudan en que el siguiente gobernador, propuesto por ellos mismos, les cubrirá las espaldas.
Es inmoral e ilegal el crédito pagadero a 30 años, porque, en primera, dicha solicitud se hace solo un año antes que Hernández Flores termine su gestión como gobernador. Pero aparte de eso, la deuda que dejará al estado generará graves problemas a los presupuestos que deban ejercer los próximos gobernadores, y lógicamente afectará los programas de obras y programas sociales de los siguientes sexenios.
En segunda, porque viola el artículo 117 de la constitución mexicana, en la parte que señala que los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, al establecer el Congreso en su decreto de autorización la posibilidad de que a los recursos del endeudamiento se sumarán, entre otros, los que provengan del sector privado, con lo cual, se mezclarán inversiones públicas “productivas” con inversiones privadas lucrativas, según las características de cada programa o proyecto. La privatización, pues; a menos que dichos inversionistas sean hermanitas de la caridad.
Tal parece que en realidad lo que busca el actual gobernador con ese crédito multimillonario, es solo su beneficio personal y el de sus amigos, más que resolver un problema social con obras prioritarias que beneficien a la mayoría de la población, y tener trabajando a sus constructoras en pleno “año de Hidalgo”, tan popular en los políticos de viejo cuño del tricolor.
Quizá se trata de generar un colchoncito, como Cavazos Lerma y Yárrington, para preparar su triunfal despedida, y vivir sin problemas económicos el resto de su vida. Si los anteriores pudieron, ¿por qué él no?