Por Pablo Balboa
27 de agosto de 2009.
Nadie debe ganar mas que el presidente.
En días pasados Felipe calderón anunció algo que en esta época de crisis, no deja de tener importancia para la vida política y económica del país: Promulgar la “ley de salarios máximos”, para que ningún funcionario público ostente más riqueza que la que sea producto de su trabajo.
Se trata en efecto de una medida, que si no es como la tomadura de pelo que nos hicieron a los mexicanos en el 2008, al bajarse todos los funcionarios el 10 por ciento de su salario, y que al final solo fue una vacilada mas, en este caso, el decreto que fija un tope a los salarios de los altos funcionarios públicos del país, gobernadores, secretarios de estado, presidentes municipales, etcétera, puede resultar de gran beneficio para nuestra golpeada economía.
El tope a los salarios de los altos funcionarios debe tener como fin acabar con la discrecionalidad con que se manejan los recursos públicos de los mexicanos, otorgándose ellos mismos altos salarios y prestaciones y otros privilegios; lo que redunda en contra de los intereses populares.
Se dan casos de gobernadores, presidentes municipales, secretarios de estado, que se asignan salarios y prestaciones millonarias, salarios de 250 mil pesos, compensaciones, viáticos y aguinaldos de un millón de pesos, vacaciones, gastos médicos mayores, fondos de retiro de 2 o 3 millones, y muchas otros beneficios, como si el presupuesto fuera de ellos.
Pero los casos mas inmorales en este sentido los tenemos en los ministros de la Suprema Corte, con sus sueldos de 450 mil pesos, así como, aguinaldos de 3 millones de pesos, fondos de retiro de más de 15 millones de pesos; en igual situación se encuentran los magistrados del TRIFE y los consejeros del IFE. Se dio el caso el año pasado en que los miembros del Tribunal Electoral, que hoy ganan solo 350 mil pesos al mes, igualaron sus sueldos con los de la de la Suprema Corte, pero ante el enorme repudio de la opinión pública tuvieron que bajárselo.
Estos enormes gastos repercuten, en forma negativa, en la economía de nuestro país; cuantiosos recursos públicos son desviados de su destino original, que son la realización de obras públicas y de los programas sociales de combate a la pobreza.
Cerca de un 50 por ciento del presupuesto de los estados y de los municipios se utiliza en el pago de la alta burocracia, y lo mismo ocurre con los funcionarios federales.
Pero no solo en los sueldos de los políticos se da el desvío ilegal e inmoral de los recursos públicos, como lo vemos en el caso de nuestro estado, con un gobernador y sus secretarios, así como los presidentes municipales despachándose con la cuchara grande, con viáticos, celulares, gasolina, comida, aguinaldos y otras prestaciones, en realidad, la gran corrupción, la impunidad la falta de transparencia y la opacidad en el manejo de los recursos públicos dan lugar a que las obras públicas se manejen al completo antojo del gobierno de Eugenio Hernández y su circulo más cercano.
Las obras publicas se entregan a los familiares y amigos del jefe del ejecutivo estatal y a las propias constructoras de este; al fin y al cabo por el control que se tiene sobre el Congreso, sobre la Contraloría, sobre la Auditoria Superior, todos los organismos del estado encargados de vigilar el buen uso del presupuesto avalan todas las anomalías propiciadas por la clase política del estado, así lo demuestra el hecho de que los diputados priistas aprueben en solo 5 minutos más de 350 cuentas publicas y, lo mas increíble, sin leerlas siquiera
Por eso además de imponer un tope a los salarios de los funcionarios, nadie debe ganar más que el presidente, y estos salarios se deberían reducir a la mitad, como lo ha propuesto López Obrador, con lo que se ahorrarían 200 mil millones de pesos, que podrían ser utililizados en obras de infraestructura, o en proyectos productivos.
Pero además hay que acabar con los fraudes de gobernadores y presidentes municipales, como los de Tamaulipas y otros estados.
Habría que añadir una intensa campaña anticorrupción en todos los órdenes de gobierno, para someter a juicio a todos los funcionarios públicos ladrones que se han enriquecido a costa del pueblo.